Colombia dice que la comida que viene de Venezuela es piche

Según el editorial de ayer lunes del diario La Opinión, que circula en Cúcuta y Norte de Santander, “hay que apoyar las medidas que ambos países fronterizos, Venezuela y Colombia están realizando, para evitar la venta ilegal de alimentos que no son aptos para el consumo humano”.

A continuación, por su importancia, publicamos dicho editorial titulado: Una calamidad pública

La guerra al contrabando que las autoridades de Colombia y Venezuela han resuelto intensificar tiene una parte que podríamos llamar tragicómica y poco conocida por la opinión pública: qué pasa o a dónde van a parar los grandes decomisos que se hacen, especialmente de alimentos y algunas otras mercancías.

En lo que respecta a las incautaciones de cigarrillos, cervezas y licores que tanto daño causan a las finanzas de los entes territoriales y a la salud de los consumidores, sabemos que son destruidos una vez se surten los trámites pertinentes.

En los primeros seis meses del año en curso fueron destrozados y triturados cargamentos de melones, guayabas, arroz, carne y leche, entre otros, por un valor de 1.612 millones de pesos.

Con esa comida se habría dado desayuno, almuerzo y cena, por un día, a 27.000 familias pobres de cuatro integrantes, es decir, a 108.000 personas de Cúcuta.

La destrucción de estos alimentos de contrabando tiene que hacerse porque los exámenes sanitarios y pruebas de laboratorio y de salubridad determinan que no son aptas para el consumo humano.

Sobre el particular la directora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) en el Norte de Santander señala que: “Hemos encontrado, en algunas ocasiones, quesos que a simple vista parecen estar bien. Su apariencia es buena. Sin embargo, cuando se les hacen las pruebas de laboratorio se encuentran heces fecales. Nos odian por atacar el contrabando, pero preferimos eso a que se muera la gente. No podemos donar lo que no sirve”.

Cuando los alimentos de contrabando son decomisados y pasan las pruebas sanitarias y de higiene, la Dian procede a realizar trámites para donarlos, especialmente a entidades oficiales o a algunas universidades. En el primer semestre de este año se donaron parte de productos decomisados por un valor de 2.490 millones de pesos, 800 millones más de los destruidos.

Como pasa en otras dependencias públicas los trámites burocráticos son engorrosos y demorados. Muchas veces ocurre que cuando los alimentos están listos para ser donados, el paso de los días a la intemperie o en sitios no adecuados los ha dañado. Podría resultar cruelmente paradójico pero no es fácil encontrar quién reciba este tipo de donaciones.    

En medio de estas situaciones y circunstancias – algunas podrían parecer absurdas – la guerra al contrabando tiene que seguir e intensificarse porque además del grave problema económico que significa, también es una tremenda calamidad de salud pública. Es conveniente que las acciones  operativas y represivas de las autoridades estén acompañadas también de una gran tarea pedagógica y de información que desestimule a las personas a comprar productos de contrabando.

Fuente: Diario La Opinión, de Cúcuta (Colombia)

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