A 4 meses de acciones violentas en la calle: ¿Represión o Guarimbas?

¡Un 12 de Febrero comenzó el desastre!

Especial-

Texto Édgar Alexánder Morales

Fotos Exclusivas para El Periódico

de Occidente / Fernando Sánchez

Venezuela hoy se enfrenta a una grave crisis económica, una situación en la que “la burguesía no ha abandonado su objetivo de derrocar al gobierno”, y el gobierno “reprime a los burgueses”.

La semántica cuida de la interpretación de  los signos lingüísticos y en este tipo de análisis  los sintagmas y oraciones se abrazan en reglas y principios que gobiernan la combinatoria de constituyentes sintácticos, para no herir susceptibilidades ante una polaridad que agobia la nación desde el mismo domingo 6 de diciembre de 1998, cuando resulta electo el presidente Hugo Rafael Chávez Frías.

Los sectores pro gobierno acusan que desde el 12 de febrero se han visto cómo se ha pretendido desestabilizar al país a través de las llamadas guarimbas, las cuales representan un atentado contra la paz ciudadana. Ya dejó de ser un secreto que las mismas no son per se un método de lucha por alguna reivindicación socio-económica, hoy la guarimba es una estrategia insurreccional que busca fomentar el caos y con ello, una salida anticonstitucional del presidente Nicolás Maduro elegido por la mayoría democrática del país.

Desde que se iniciaron las protestas en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, en el país así como en el exterior se oye hablar de las guarimbas. Pero, ¿qué son? Y ¿quiénes la fomentan? El gobierno de Maduro acusa al activista cubano-venezolano de tendencia radical Robert Alonso, de orquestar las guarimbas y dice que el expresidente colombiano Álvaro Uribe, las estaría financiando. No obstante, los guarimberos niegan esos vínculos.

En Venezuela, el movimiento estudiantil dice que su protesta está amparada bajo el artículo 350 de la Constitución, el cual indica que “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.

Sin embargo, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha rechazado en repetidas ocasiones esa forma de protesta y la califica de ilegal y violenta. El Tribunal Supremo de Justicia ha prohibido las protestas, en especial las guarimbas, en ciudades como San Cristóbal, Maracaibo, Lechería y todas las manifestaciones en el municipio Chacao, de la capital venezolana.

Qué dice la MUD

El secretario de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, destacó que el diálogo entre la oposición y el Gobierno, que inició el 10 de abril, "necesita dar frutos tempranos para que viva lo suficiente de modo de producir todo lo que debe producir por el bien de todos".

Aveledo indicó que es un "gran compromiso y "una gran oportunidad" el hecho de que ocho de cada diez venezolanos den su apoyo al diálogo. Sin embargo, aseveró que "no es un cheque en blanco ni por tiempo indefinido".

El secretario de la MUD, aseguró que han realizado varias propuestas al Gobierno nacional, entre ellas mencionó la Ley de Amnistía a favor de la paz, Ley de Transparencia en las Finanzas Públicas a favor de la eficiencia y la pulcritud administrativa y la Comisión Nacional de la Verdad a favor de la paz y la justicia de las cuales aún esperan respuestas.

Así mismo, manifestó que están "en horas decisivas" para el diálogo "del que los venezolanos esperan tanto".

Leopoldo López

Leopoldo López, es un preso político. Así lo asegura Juan Carlos Gutiérrez, uno de sus abogados defensores, quien declaró que el exalcalde de Chacao "es un preso de conciencia, porque simplemente se encuentra detenido por expresar su pensamiento, sus ideas, por criticar al Gobierno".

Amnistía Internacional, considera que son presos políticos "aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo, color o idioma" y agrega: "Algunos presos de conciencia son personalidades destacadas, activas y conocidas en la vida política. Muchos son abogados, políticos, sindicalistas, artistas. Puesto que frecuentemente cuestionan a los gobiernos, estas personas tienen muchas posibilidades de entrar en conflicto con las autoridades".

Las autoridades han justificado estas medidas en las supuestas amenazas que sobre la vida de López pesan. Sin embargo, tras cuatro meses de prisión ningún funcionario ha mostrado una sola evidencia de dichos planes y por ello sus abogados anunciaron que solicitarán a la Fiscalía que inicie una averiguación.

Los Muertos

Hoy 12 de mayo se cumplen cuatro meses de violentas protestas protagonizadas por la oposición venezolana en diferentes municipios del país, principalmente en el este de Caracas, Mérida, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal y Puerto Ordaz. Las protestas, que han menguado considerablemente, forman parte del proyecto de un sector violento de la oposición denominado “La Salida” y han derivado en numerosos hechos vandálicos que han dejado, hasta los momentos, 42 personas fallecidas de forma directa o indirecta.

5 personas por disparos atribuidos a cuerpos de seguridad: Alejandro Márquez (atribuido a la GNB, 7 efectivos en investigaciones), Geraldine Moreno Orozco (atribuido a la GNB, 7 efectivos en investigaciones), Bassil Da Costa, Juan Montoya (atribuidos al Sebin, varios efectivos en investigaciones), Glidis Karelis Chacón Benítez (atribuido a la Policía de Chacao; 3 efectivos en investigaciones).

6 personas mueren al ser víctimas de barricadas o trampas colocadas por la oposición: Luis Gutiérrez, Deivis Durán, Eduardo Anzola, Elvis Rafael Durán De La Rosa, Doris Elena Lobo, Julio González.

10 personas mueren cuando intentaron pasar por barricadas o retirarlas: Gisella Rubilar, José Gregorio Amaris Cantillo, Acner Isaac López Lyón, Giovanni Pantoja, Antonio José Valbuena Morales, Arturo Alexis Martínez, Ramzor Ernesto Bracho Bravo,  José Guillén Araque, Adriana Urquiola, Miguel Antonio Parra.

3 personas murieron al ser agredidas defendiendo una barricada: José Ernesto Méndez, Mariana Ceballos, Argenis Hernández.

11 personas mueren por violencia política de diferente signo: Roberto Redman, Génesis Carmona, Wilmer Juan Carballo Amaya, Daniel Tinoco, Ángelo Vargas, Jesús Enrique Acosta, Guillermo Sánchez,  Juan Orlando Labrador Castiblanco, John Rafael Castillo Castillo,  Wilfredo Rey, José Cirilo Darma García.

2 personas mueren por acoso en sus casas o no poder llegar a centros asistenciales: María Julieta Heredia, Luzmila Petit de Colina.

3 personas mueren de forma accidental: Jimmy Vargas, Franklin Alberto Romero Moncada, Roberto Annese. Una persona por determinar: Joan Quintero.

Siete de los fallecidos eran efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (Acner Isaac López Lyón, Giovanni Pantoja, John Rafael Castillo Castillo, Miguel Antonio Parra, Ramzor Ernesto Bracho Bravo,  José Guillén Araque). Dos fallecidos son efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (José Cirilo Darma García) y Jorge Steven Colina Tovar.

Defensor Público

El Defensor Público General, Dr. Ciro Araujo, aseguró que en Venezuela no se niega la defensa privada a ningún ciudadano en condición de imputado, debido a que es un derecho consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a lo emitido por el Movimiento Estudiantil, quienes en un comunicado expresaron que el Estado venezolano les niega la representación  ante los tribunales  de ONG y abogados voluntarios y les asigna Defensores Públicos de “forma arbitraria”.

“De las cifras que manejamos el 90% de los jóvenes detenidos en los campamentos del PNUD, la plaza Bolívar de Chacao y la plaza Alfredo Sadel, cuentan con una defensa privada, es decir, de las 243 personas que serán presentadas a los tribunales, 5 de ellos escogieron ser representados por un Defensor Público, con esto queda claro que en nuestro país, los ciudadanos gozan de plena libertad, aún en condición de imputados”, manifestó el Defensor Público General.

La máxima autoridad de la Defensa Pública explicó que toda persona mayor de edad que está en condición de imputado, querellado, acusado o penado ante las instancias jurisdiccionales tiene el derecho de ser asistida por una Defensora o Defensor Público en cualquier estado y grado del proceso. Ya sea a solicitud voluntaria del defendido o a solicitud del juez que lleva la causa. En cualquier circunstancia, la Defensora o Defensor Público puede intervenir desde el acto de imputación, cubriendo las fases sucesivas hasta finalizar el proceso de sentencia definitivamente firme y ejecución de pena, o atendiendo solo alguna de las fases en que se encuentra el proceso.

“El Código Orgánico Procesal Penal, también establece en su artículo 127 numeral 3 que el imputado o imputada tiene el derecho de Ser asistido o asistida, desde los actos iniciales de la investigación, por un defensor o defensora que designe él o ella, o sus parientes y, en su defecto, por un defensor público o defensora pública”, aseveró el Dr. Araujo